La memoria justificativa y el proyecto de ordenanza para el servicio público de explotación del Centro Deportivo Urbano tendrán un periodo de exposición pública de 30 días, finalizado el cual se pasará a la licitación del Centro para su apertura
El establecimiento del servicio público de explotación del Centro Deportivo Urbano, es decir, la aprobación de su modelo de gestión, fue el punto más destacado y que más debate suscitó en un pleno ordinario del mes de junio que tuvo una duración de cinco horas y donde las mociones fueron otras de las grandes protagonistas.
La aprobación de la gestión indirecta del Centro Deportivo Urbano, contó con los votos a favor del equipo de Gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) y la abstención de PSOE, Adelante Guadix-Izquierda Unida y Gana Guadix. Concretamente se aprobó tomar en consideración la memoria justificativa junto con el proyecto de ordenanza para el servicio público de explotación del Centro Deportivo Urbano, piscina cubierta municipal y sus instalaciones, así como el análisis de mercado, considerar como forma de gestión del Centro la gestión indirecta como concesión de servicios administrativos en base de la memoria justificativa y someter a exposición pública de 30 naturales esta memoria en el BOP y el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guadix para que los particulares puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas.
Con este paso se desbloquea la apertura del Centro Deportivo Urbano, una de las cuestiones más demandadas por la ciudadanía, ya que tras los 30 días de exposición pública se podrá publicar en la Plataforma de Contratación del Estado el pliego de condiciones para que las empresas presenten su oferta para su explotación.
El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, aclaró que para el Equipo de Gobierno el modelo más viable para la puesta en marcha del Centro es la gestión indirecta, una decisión que se ratifica según los diversos estudios de viabilidad encargados sobre este nuevo servicio. De hecho, señaló que ya está regulado el precio que debe tener la entrada para los usuarios y que la empresa que se acceda a su explotación deberá encargarse de dotarla de todo el equipamiento deportivo, presupuestado en 338.175 euros.
En el pleno se aprobó por unanimidad otra nueva medida para ayudar a los comercios ante la situación de crisis provocada por la pandemia del Covid-19, concretamente la modificación ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Así se bonificará hasta con un 95% todas aquellas adaptaciones que los establecimientos deban realizar para adaptarlos a las nuevas medidas de seguridad sanitarias derivadas de la pandemia.
Otras cuestiones de gestión ordinaria que se aprobaron fueron el reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadix, el expediente de población a uno de enero de 2020, donde Guadix ha crecido en 239 habitantes, es decir un 1,29% con respecto a 2019, situándose la población 18.661 personas, entre otros asuntos.
Las mociones fueron otro de los aspectos más destacados del pleno, donde finalmente se aprobaron algunas como una de reconocimiento a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios accitanos, otra sobre la creación de un depósito arqueológico en la ciudad, destinar los próximos Planes de Obras y Servicios para una actuación urbanística en el entorno de la calle Bovedilla o la construcción de circuito para bicicletas en el entorno del Polideportivo Municipal y la Pista de Atletismo.
La moción sobre la mejora de los centros residenciales de mayores se aprobó la enmienda presentada por el Partido Popular y ciudadanos donde se solicitaba que se instara al Gobierno central a una revisión en profundidad del modelo de residencias con la conformidad y el acuerdo conjunto de todos los grupos con representación parlamentaria, así como instar al Gobierno central, que tras esta evaluación del modelo, abordar y acordar las medidas adecuadas para mejorar sustancialmente el cuidado de nuestros mayores, a establecer las medidas de control necesarias para evitar las deficiencias de las residencias que han aflorado durante la pandemia ateniéndose a las competencias que marca la ley y por último instar al Gobierno central a elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un programa de acreditación de calidad de residencias, que permita garantizar una atención digna a las personas mayores.